ECOS SIN ACÚSTICA: Mas cárcel para un menor, ¿La solución?

CONSIDERANDO:

I.- Que de acuerdo a la Constitución, es obligación del Estado garantizar a todo menor su desarrollo integral, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo o religión;

II.- Que el Artículo 35 de la Constitución, establece que la conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta, estará sujeta a un Régimen Jurídico Especial;

III.- Que de acuerdo a los tratados, convenciones, pactos y demás instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador, a los menores que han infringido las Leyes Penales, les serán respetados todos sus derechos fundamentales;

IV.- Que el actual Código de Menores no responde a los principios reconocidos en la Constitución y en la Legislación Internacional, respecto del menor que ha infringido la Ley Penal; siendo por ello indispensable decretar una Ley Especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuándolos a nuestra realidad social;

POR TANTO:

En uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa del Presidente de la República, por

medio del Ministro de Justicia,

DECRETA: la siguiente,

LEY DEL MENOR INFRACTOR (1994)

Era la época en la que gobernaba el Lic. Cristiani, sí, don Alfredo, el mismo que dicen que "tuvo que ver" con el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, el primer mandatario de la era presidencial arenera, sí, el dueño de las semillas y de la arrocera San Francisco. Exacto.

El país iniciaba su reconstrucción, después de más de 12 años de guerra civil y casi 60 de opresión militar, una medida que pretendía resolver el problema de la criminalidad a temprana edad: La Ley del Menor Infractor.

El Salvador, saliendo de un conflicto armado, quiso "amarrar" a la violencia social "post-guerra", a través de una medida jurídica, en este caso, la formación de una ley, apegada, según sus considerandos, a los tratados, convenios y pactos internacionales de derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Y, hasta ahí, todo pinta bien.

Hoy, después de casi 17 años de vigencia, esta y otra normativa relacionada, pretende REFORMARSE, empecinándose, en gran medida, en el tema PENAS...Que si las aumentan, que si los juzgan como a adultos, que se castigue con mayor rigor, Etc.; sin embargo, al parecer, a Mauricio Funes y a su equipo de asesores jurídicos, NO les agrada mucho la idea de incrementar los años de prisión para los "menores"..., ¿qué habrá detrás de todo esto?, ¿será una razón justa y concreta?, ¿se convertirá en un beneficio al país la postura presidencial frente a este tema?, ¿en qué terminará todo ésto?...

¿Qué dice usted, amable lector?